No a las tasas judiciales

 

Porque atentan contra el derecho al acceso a la Justicia de los ciudadanos

Testimonio de la víctima como única prueba

   A la hora de probar los hechos acaecidos cuando durante la perpetración de los mismos, sólo están presentes la víctima y el autor, sobre todo en asuntos de malos tratos, es conocida la Jurisprudencia que establece los requisitos necesarios para aceptar como prueba de cargo el mero testimonio de la víctima.

Estos tres requisitos son:

1. Ausencia de incredibilidad subjetiva.

Se trata de descartar la existencia de motivos espúreos o vengativos que hayan podido propiciar la interposición de la denuncia frente a quien realmente no ha llevado a cabo acto delictivo alguno.

 

2. Verosimilitud del testimonio.

Lo relatado por la víctima ha de estar arropado por circunstancias que aporten cierta certeza de lo ocurrido, ya sean partes de lesiones,  mensajes previos amenazantes, etc..

3. Persistencia en la incriminación.

Lo manifestado por la víctima ha de coincidir tanto en la denuncia interpuesta ante el funcionario policial, como a posteriori en su ratificación en presenta judicial y sobre todo en el acto de Juicio.

La presencia de estos tres elementos otorgarán a la declaración de quien ha sufrido la agresión la categoría de prueba frente al supuesto agresor, que deberá desvirtuar con las pruebas exculpatorias de las que pueda valerse.

Acreditar fecha de documento privado a efectos Tributarios

Las distintas Administraciones Tributarias, ya sean Locales, Autonómicas o Estatal, se acogen a lo dispuesto en el artículo 1227 del Código Civil, o mas bien a su interpretación restrictiva, a la hora de determinar la fecha de los documentos por los cuales se ha de tributar, principalmente a efectos de negar la prescripción de determinados documentos privados.

El referido artículo 1227 del Código Civil señala que: "La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio”.

Si bien la redacción del meritado artículo no ofrece dudas en cuanto a su contenido, no es menos cierto que la preseunción que el mismo establece es de las llamadas "iuris tantum", esto es, admite prueba en contrario.

El Tribunal Supremo en Sentencias 3 de Noviembre de 2010 y 13 de Enero de 2011,  corrobora la admisión de prueba en contrario frente a la presunción del artículo 1227, con el trasfondo del derecho a valerse de los medios de prueba que las partes estimen pertinentes consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución.

La Sentencia del TSJ de Galicia de 12 de Noviembre de 2012 se hace eco de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, admitiendo pruebas distintas a las recogidas en el artículo 1227 del Código Civil para acreditar la fecha de un documento privado y por tanto el día desd el cual comienza a contar el plazo de prescripción de determinados tipos impositivos como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

La doctrina judicial es clara por tanto en cuanto a este asunto, si bien Agencia Tributaria parece hacer oídos sordos a la misma, insistiendo en inadmitir como válidas pruebas que sin duda acreditan la firma de un documento y la consecución de un negocio jurídico en una determinada fecha.

Parece que esta intransigencia de AEAT a la hora de admitir pruebas extrañas al artículo 1227 del C.C. puede tener sus horas contadas, y ello en base a la Consulta Vinculante V0432/14 de la Dirección General de Tributos, que por primera vez acepta como válida la teoróa del T.S., admitiendo la acreditación de la fecha de un documento privado a través de distintos medios de prueba, negando por tanto la existencia de númerus clausus en este sentido.

Esta importante respuesta a una Consulta efectuada por un administrado señala que: 

"Con relación a lo expuesto debe tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo que, en Sentencia de 24 de julio de 2010, señala el “cambio de orientación producido en la jurisprudencia recientemente, admitiendo la prueba de la fecha de un documento privado, a efectos de la prescripción, por medios distintos a los contemplados en el art. 1227 del CC”. En dicha sentencia se hace referencia a otra del Tribunal Supremo, de fecha 24 de Julio de 1999, basada en pronunciamientos del Tribunal Constitucional, donde se interconexiona la indefensión contemplada en el art. 24.1 de la Constitución con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, estableciendo que el derecho a la prueba impide cualquier reducción que no venga impuesta de manera clara y tajante por la propia ley, de manera que las presunciones "iuris et de iure" y con mayor razón las "fictio legis" deben quedar claramente establecidas en precepto legal que, de manera indubitada, excluya o prohíba la prueba en contrario."

En la citada sentencia de 24 de julio de 1999 se establece que “…..las presunciones "iuris et de iure", no las "iuris tantum" parece que chocan con el art. 24.2 de la Constitución cuando, dentro del marco de la tutela judicial efectiva, reconoce que todos tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, lo que resulta contradictorio con aquella interdicción de la prueba en contrario que lleva implícita la presunción "iuris et de iure"; mas, si se tiene en cuenta que la prueba de presunciones (regulada únicamente por el Código civil, silenciada por la Ley de Enjuiciamiento civil y distinta de los "indicios" a que se refiere la de Enjuiciamiento criminal) tiene carácter supletorio en el orden de las pruebas, por lo cual no existe necesidad legal de acudir a ella cuando el hecho dudoso tiene demostración eficaz por los demás medios de prueba ( sentencias de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 4 y 21 de octubre de 1982, 12 de junio y 3 de octubre de 1986), resultará que la presunción iuris et de iure solo debe operar en el caso de que no hubieren prevalecido los demás medios directos de prueba para la defensa del derecho”. De esta forma se soslaya en parte la posible antinomia entre el Art. 1.251 del Código civil y el Art. 24-2 de la Constitución, aunque, reconoce la sentencia, que el problema se complica en el caso de las "ficciones legales. 

 “el art. 1227 del Código Civil, desde luego, no contiene una presunción inatacable probatoriamente”.

 

Presentación

Nace este blog como medio para compartir las inquietudes jurídicas que nos acucian día a día en el ejercicio de la profesión; para transmitir los conocimientos que se puedan tener sobre determinadas materias y; de ser útiles a quienes acuden a ellos, resolver las cuestiones que se puedan plantear en relación a las mismas.

Se trata de un blog jurídico, por lo que, teniendo en cuenta las dificultades que se plantean, en no pocas ocasiones, a la hora de abordar determinados asuntos de esta índole, se va a intentar utilizar un lenguaje llano y asequible en la medida que la materia lo permita.

Este Letrado queda a disposición de quienes necesiten una mayor concreción de lo aquí expuesto para su aplicación al asunto concreto que les atañe, y ello a través de los distintos medios de contacto para resolver cuantas consultas tengan a bien realizar.

Juan Diego Granados García

Letrado perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Granada.